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   NUEVA ÉPOCA | NÚMERO 59 | ENERO 2009 | ISSN EN TRÁMITE con número de folio 493 | REVISTA MENSUAL
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Fecha de última actualización Julio de 2009
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La Universidad Pública: Espacio vital
para la nación mexicana

F r a n c i s c o     B o l i v a r     Z a p a t a

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Bolívar Zapata, bioquímico, estudioso de la genética, Premio Príncipe de Asturias por su contribución en el ámbito de las ciencias, aborda en este discurso de recepción del doctorado Honoris Causa en la Universidad Autónoma Metropolitana la importancia de las universidades públicas como espacios civilizatorios fundamentales para el desarrollo científico, técnico y humanístico de nuestro país.

Es para mí una gran distinción y un estímulo muy especial recibir el doctorado Honoris Causa que me ha otorgado el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agradezco sinceramente la distinción y aprovecharé este espacio que se me ofrece para presentar y comentar con ustedes las razones fundamentales por las cuales considero que la Universidad Pública autónoma y la investigación científica son los instrumentos más adecuados para lograr una educación superior pertinente para los mexicanos y con ello el desarrollo con equidad del país.

La Universidad Pública es el espacio para la formación de las nuevas generaciones y esta actividad debe darse en el proceso de la búsqueda y generación del conocimiento a través de la investigación científica. Éstas son dos de sus funciones sustantivas. La Universidad Pública y autónoma es también un espacio laico, de libertad, cuestionamiento y disentimiento, fundamental para el crecimiento de la nación. En su seno deben debatirse de manera crítica, plural, intensa y comprometida pero simultáneamente, con respeto y tolerancia, las diversas opiniones y posiciones. Es un crisol de donde deben emerger, a través de la investigación, el análisis y el consenso, mejores alternativas para la solución de problemas importantes de nuestra nación. También, la difusión y transmisión del conocimiento y de la cultura, que son la tercera función sustantiva de la Universidad Pública, nos dan identidad y nos comunican. Por lo anterior, es obligación de los universitarios cuidar del crecimiento y consolidación de sus espacios, en particular los cuerpos colegiados, para asegurar la soberanía y la cultura de la nación. Sin una Universidad Pública autónoma permanentemente crítica, tolerante, abierta, dinámica y comprometida, los horizontes son sombríos. Estamos convencidos de que la grandeza del país y la equidad en la nación se acrecentarán en la medida en que las decisiones que tomen los ciudadanos y los gobernantes estén imbuidas por el conocimiento científico y alentadas por la profundidad crítica de sus decisiones. La Universidad tiene la obligación de formar a las nuevas generaciones proporcionando el andamiaje intelectual imprescindible que permita que las aspiraciones de justicia y libertad tengan soportes sólidos y perspectivas de mayor alcance.

Es indudable que una de las características fundamentales para el funcionamiento de la Universidad Pública es su autonomía. Entender y proteger este logro que garantiza la construcción de espacios de discusión y disentimiento, y que canalizó la energía y la lucha de tantos mexicanos comprometidos con el sentido profundo de lo que constituye la Universidad Pública es hoy y será mañana tarea fundamental y permanente de todos los universitarios. Sin embargo, está claro que la autonomía compromete a la Universidad con la sociedad mexicana de una manera mucho más intensa. Los que hoy integramos la Universidad tenemos el compromiso de hacer nuestro mejor esfuerzo, en el marco de la autonomía, para cumplir con la misión de la Universidad. Además, el sustento y la defensa de la autonomía se darán también en la medida en que las decisiones de las autoridades personales y colegiadas se den en los marcos jurídicos correspondientes. Por ello, es fundamental desarrollar y consolidar la cultura colegiada en nuestras instituciones para garantizar y sustentar las decisiones universitarias. Conocemos de los amparos que se han presentado en contra de decisiones tomadas por cuerpos colegiados de diversas universidades autónomas. Reconocemos y apreciamos el que la Suprema Corte de Justicia haya atraído esos casos para su análisis, por iniciativa del ministro José Ramón Cossío, ya que resulta fundamental que la Suprema Corte siente los precedentes a nivel nacional, para la resolución de estos casos, conforme a lo que señala la Fracción Séptima del Artículo Tercero de la Constitución Mexicana que cito textualmente:

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

Personalmente, y con relación a este asunto de los amparos, reconozco que en un brazo de la balanza que habrá de guiar la decisión de la Suprema Corte se encuentran las garantías individuales; sin embargo, en el otro, descansa la garantía constitucional a la autonomía universitaria. Sobre este aspecto pienso que frente a la posición individual, deben tener mayor peso jurídico las decisiones de los cuerpos colegiados que son órganos plurales, elegidos democráticamente, en la medida en que las decisiones se hayan tomado conforme a los marcos jurídicos de cada universidad autónoma. De lo contrario, considero, se generaría un escenario muy grave para las universidades, ya que si las decisiones colegiadas pueden impugnarse en órganos externos a las universidades autónomas y eventualmente generarse sentencias judiciales en su contra, se estaría violentando, a mi juicio, la autonomía de las universidades públicas, al no dejárseles decidir lo que mejor conviniera a sus intereses, en el marco que, repito, a mi juicio, la propia Constitución les garantiza.

Ligia Clark, Composición 5, 1954
Ligia Clark, Composición 5, 1954

 

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