NUEVA ÉPOCA | NÚMERO 63 | MAYO 2009 | ISSN EN TRÁMITE con número de folio 493 | REVISTA MENSUAL
ARTÍCULOS



Sitio optimizado para resolución de 800 x 600
Fecha de última actualización Julio de 2009
2007 D.R. Universidad Nacional Autónoma de México
Se prohíbe la reproducción total o parcial
de los artículos sin la autorización por escrito de los autores
Coordinación de Publicaciones Digitales,
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

Reserva de derechos al uso exclusivo del título:04-2008-050717072200-203





Documentos para el juicio de la historia

J a v i e r    G a r c i a d i e g o

1/1

Como historiador del México moderno y contemporáneo, me produce una muy optimista emoción haber participado en la entrega del Fondo Porfirio Muñoz Ledo al naciente programa Archivos para la Historia Contemporánea.

No pretendo hacer una síntesis histórica del Archivo General de la Nación, ni tampoco una semblanza del político mexicano actual de más intensa y compleja biografía, como lo es sin duda Porfirio Muñoz Ledo; mucho menos pretendo reflexionar sobre el significado de dos conceptos aparentemente excluyentes, historia y contemporánea.

A pesar de estas disculpas y precisiones, he de señalar que el Archivo General de la Nación se creó todavía en la llamada época colonial, aunque convendría decirl e novohispana, para uso de la administración virreinal . Se alojó en el Palacio de los Virreyes, hoy Palacio Nacional, como todo el aparato gubernamental de entonces. Aunque geográficamente hablando Nueva España era un país mucho mayor que México, en términos demográficos, poblacionales, la situación era la inversa, lo que explica que la generación de documentos escritos fuera también menor. Las hectáreas no producen documentos; los seres humanos sí.

Ya con México como país independiente, el Archivo de la Secretaría del Virreinato adquirió el nombre con el que hoy se le conoce. Pasó entonces a ser, básicamente, el archivo del poder ejecutivo, de la administración central. Su conformación a lo largo del siglo XIX reflejó la evolución del Estado mexicano. Se trataba de un país inestable con un poder ejecutivo débil, características que se reflejaron en la inconsistencia documental y en la desorganización de sus papeles. Agréguese, además, que muchas responsabilidades típicamente estatales no las cumplía el gobierno sino la Iglesia católica. Pienso, por ejemplo, en el registro de los nacimientos y los matrimonios. De allí la riqueza de los archivos parroquiales y la pobreza de los repositorios estatales en temas demográficos y sociales.

Si bien a finales del siglo XIX pudo alcanzarse una apreciable estabilidad, con un crecimiento notable del control estatal y con un aparato gubernamental en expansión constante, luego sobrevino la Revolución, la que trajo aparejada un comprensible desorden administrativo. A quien lo dude lo invito a comparar el número de documentos generados y conservados durante el año de 1915, con los de cualquier otro año de nuestra historia moderna.

El final de la Revolución (como proceso histórico concreto, como momento épico, no como proyecto de desarrollo nacional) dio lugar al inicio de la construcción del Estado mexicano posrevolucionario. Sabida es la multiplicación de las funciones estatales, el fortalecimiento del poder ejecutivo y el enorme crecimiento de la población durante aquellos años del segundo tercio del siglo XX. Estos tres procesos dieron como resultado la multiplicación de los documentos que tenía que conservar el Archivo General de la Nación, por lo que se vio rebasado, con papeles en varias sedes: Palacio Nacional, la antigua Secretaría de Comunicaciones, en la calle de Tacuba, y la llamada “casa amarilla” en el Parque Lira. El remedio contra esa amenazante dispersión se dio en los años en que don Jesús Reyes Heroles fue secretario de Gobernación, con Alejandra Toscano como directora del Archivo General de la Nación. Fue la época “alejandrina” del AGN.

Por esos años, si la memoria no me falla, nació el proyecto de incorporar archivos de particulares. Creo recordar que la primera responsable de ese programa fue doña Leonor Ortiz Monasterio, con la colaboración de jóvenes como el hoy embajador Jorge Álvarez Fuentes. Creo recordar también que los primeros fondos incorporados fueron los de los expresidentes Calles, Portes Gil y Cárdenas, los de los abogados y políticos porfiristas Manuel Calero y Jorge Vera Estañol, y del inclasificable Toribio Esquivel Obregón, entre otros.

Permítanse intentar una analogía entre la historia contemporánea del país y el desarrollo de este gran archivo. A diferencia del siglo XIX, en el que todas las dependencias gubernamentales, con sus repositorios documentales, cabían en el Palacio Nacional, el crecimiento del México posrevolucionario obligó a que algunas ramas del ejecutivo tuvieran sus propios archivos: las secretarías de Relaciones Exteriores y de la Defensa fueron las primeras, pero luego se les sumaron otras. Asimismo, la separación de poderes explica que el legislativo, primero y el judicial después, optaran por tener sus propios acervos. Por último, la descentralización del país, iniciada hace dos o tres decenios, fomentó la organización de archivos estatales y municipales.

Con todo, y a pesar de que los fondos gubernamentales para la historia contemporánea del país cada vez se han ido segmentando, es incuestionable que en estas paredes se guarda la memoria documental del proceso histórico de la construcción del Estado mexicano contemporáneo. Posteriormente, en el sexenio pasado se dispuso que pasaran a este archivo los documentos que resguarda el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Sus dos toneladas de papel fueron ubicadas en la Galería uno. Así, si antes se tenían los documentos de la construcción del Estado, con los fondos del CISEN llegaron los documentos de la represión habida en el país durante los últimos gobiernos emanados del PRI.

El acceso a este tipo de documentos es de capital importancia y no puede ser minimizado. Gracias a la reciente Ley de Transparencia todas las entidades públicas están obligadas a tener un archivo organizado y, sobre todo, a hacerlo de libre acceso. Además, se pusieron a la consulta de los interesados los papeles de los servicios de “ inteligencia” y seguridad políticas del país, disposición que no tiene equivalente en ningún país del mundo. No solamente podremos conocer esos duros aspectos de nuestra historia reciente relativos a la represión. Más que esto, si se suman estos materiales y los fondos de la Galería dos, de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, en realidad tenemos un acervo documental que abarca desde los veinte, aún no explorado del todo, y que cuando se estudie a cabalidad permitirá reescribir nuestra historia política del siglo XX.

Ahora, con la entrega de los papeles del embajador Muñoz Ledo se completa el triángulo: construcción, represión y oposición. En efecto, llegan ahora los papeles de uno de los más importantes opositores políticos del México contemporáneo. Sin embargo, si en este país los opositores estuvieran destinados, ineluctablemente, a ser siempre y sólo opositores, ello querría decir que México no sería todavía un país democrático. En cambio, si los opositores pueden alcanzar puestos de mando y los gobernantes pueden perderlos, es que nos encontramos ante un sistema de alternancia posible, electoralmente democrático. Un sistema todavía más democrático es el que diluye la frontera entre opositor y poder, asignando a los opositores determinados espacios gubernamentales. Las diferencias entre los opositores y las autoridades no deben ser vistas como las que caracterizan a los enemigos. Ambos son elementos imprescindibles, y rotativos, del mismo sistema político. Por eso es admirable la actitud de Porfirio Muñoz Ledo, como admirable es también la actitud del Archivo General de la Nación. Antes, en los tiempos del autoritarismo, los documentos de los opositores se ocultaban, se silenciaban, se destruían, o eran escudriñados por seve ros agentes de seguridad. Hoy, se organizarán, cuidarán y pondrán a la disposición de los interesados. Irrefutable prueba de que el país está cambiando.

Los historiadores de hoy agradecemos a Porfirio Muñoz Ledo, por momentos gobernante, por momentos opositor, siempre destacado político, siempre protagonista, y le agradecemos a nombre de los historiadores de mañana, esta muestra de confianza en las instituciones mexicanas, en la opinión pública y en el juicio de la historia.

Confío en que su iniciativa servirá de ejemplo para que otros destacados políticos, que los hay, y muchos, entreguen también sus papeles al Archivo General de la Nación, para que podamos construir una historia comprehensiva y rigurosa de nuestro país. Comprehensiva significa erradicar esa idea, absolutamente insatisfactoria, de que los constructores de los procesos históricos son sólo los gobernantes. Urge reconocer que la historia la hacemos todos, gobernantes y gobernados, hombres y mujeres, ciudadanos comunes todos. Ojalá que el inminente primer centenario de la Revolución encuentre ya al Archivo General de la Nación involucrado en un vigoroso programa de rescate documental de los principales políticos del México de hoy. De un México plural, con políticos sólidos en todas las agrupaciones y corrientes del país. Éste es el verdadero reto de nuestro sistema político: tener buenos políticos en todos los partidos, y reconocerlo mutuamente. ¡Qué bonito país tendríamos entonces! ¡Construyámoslo!