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NUEVA ÉPOCA NÚM. 125 JULIO 2014 ISSN EN TRÁMITE CON NÚM. DE FOLIO 493 REVISTA MENSUAL
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Construcción de la credibilidad electoral
Un desafío del INE


Jorge Eduardo Navarrete
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NUEVA ÉPOCA | NÚM 125| Julio 2014| ISSN EN TRÁMITE CON NÚM. DE FOLIO 493

Navarrete, Jorge Eduardo, "Construcción de la credibilidad electoral
Un desafío del INE" [En línea]. Revista de la Universidad de México. Nueva época. Julio 2014, No. 125 < http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=779&art=16250&sec=Art%C3%ADculos > [Consulta: Fecha en la que se consultó el artículo].

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Economista e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el autor de este artículo reflexiona sobre uno de los aspectos más cruciales y polémicos que marcan el surgimiento del Instituto Nacional Electoral, que sustituye al Instituto Federal Electoral: conseguir que partidos políticos y ciudadanía acepten y validen los resultados que se deriven de cada proceso electoral.

Es probable que el mayor déficit remanente del extendido proceso de construcción institucional de la democracia electoral en México, que ha conseguido avances sustanciales y reconocidos con amplitud, sea conseguir la aceptación generalizada de los resultados de los comicios, proclamados y convalidados por los órganos competentes: el Instituto Federal Electoral, hasta ahora, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otras palabras, como lo muestran —con diferencias importantes— las dos instancias más recientes de elección presidencial, es limitada la credibilidad que concitan el anuncio y la confirmación de los cómputos y el sentido de las decisiones ciudadanas que conllevan.

Aunque la evidencia empírica detrás de este aserto es insuficiente, pues no parece haberse estudiado de manera sistemática el alcance y profundidad del grado de aceptación o rechazo, con sus diferentes matices, de los resultados de esos procesos, es sabido que en ambos casos hubo expresiones considerables de inconformidad que sin duda rebasaron el núcleo duro de partidarios del candidato perdedor. Una encuesta de Consulta Mitofsky, un año después de la elección de 2006, encontró que “uno de cada tres ciudadanos [33.2 por ciento] considera que el año pasado hubo muchas prácticas fraudulentas”, en tanto una proporción algo mayor (39.4 por ciento) estimaba que el conflicto poselectoral aún no se resolvía en el año transcurrido. Un estudio de las actitudes de los candidatos perdedores ante los resultados de los procesos electorales presidenciales desde 1917 y de las consecuencias de estos en la institucionalidad electoral muestra que tres de los cinco más recientes suscitaron reacciones de rechazo y que cuatro de ellos (1988, 1994, 2006 y 2012) propiciaron, incluso de manera indirecta, reformas amplias y de fondo de las instituciones y procedimientos electorales, negociadas, aprobadas e instrumentadas antes de la siguiente elección presidencial. Por mi parte, formulé una conclusión similar: “Tras no haber reconocido las severas deficiencias de la elección presidencial de 2006 ni haber asumido sus consecuencias, [la clase política mexicana] se sintió compelida, por una parte, a modificar el marco legal en que se produjo la elección cuestionada y, por otra, a sustituir a los responsables aparentes del desaguisado”.

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Empleados cambian el letrero del salón de sesiones del nuevo INE
©Notimex

La reforma constitucional en materia político-electoral promulgada en febrero de 2014, y su componente nodular: la creación del Instituto Nacional Electoral, constituyen una continuación de este modo de proceder. Tras un proceso electoral presidencial menos satisfactorio de lo deseable y a la luz de otros factores —en este caso, las más o menos reconocidas deficiencias de no pocos procesos electorales locales de los últimos años— se instrumenta una reforma institucional orientada a responder a los problemas percibidos. Aunque cabría imaginar otro tipo de respuesta, que no necesariamente sería preferible, por la vía de diversas modificaciones y ajustes a los procedimientos de operación, los mecanismos de vigilancia, la oportunidad y alcance de algunas investigaciones, se prefiere lanzar un nuevo diseño de conjunto, aunque, como es el caso, se le traslade la mayor parte de las características del que se sustituye. Parece existir una secuencia en la que a un resultado electoral cuestionado sigue una reforma más o menos de fondo de las instituciones electorales que desemboca en otro resultado también objetado, por factores más o menos similares al precedente, al que se responde con una nueva reforma.

El establecimiento del INE ofrece la oportunidad de romper esta desafortunada secuencia. Para lograrlo, estimo que la primera prioridad del nuevo instituto es la de complementar condiciones y conducir formas de realización y culminación de los procesos electorales, cuyos resultados conciten una aceptabilidad generalizada de la ciudadanía.

Al consagrar los principios rectores del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, la reforma constitucional de 2014 añade, a los cinco ya contenidos en el texto ahora enmendado —certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad—, un sexto: el de máxima publicidad. Es innegable que la mayor transparencia como principio rector de la actividad del INE es condicionante central para alcanzar la credibilidad que aquí se exalta y que su adición explícita constituyó uno de los aciertos de la reforma. Empero, considero que habría cabido establecer, también de manera explícita, a la credibilidad como un séptimo principio rector.

Advierto que es posible argumentar que la credibilidad es una resultante de la forma en que se realiza el conjunto de tareas que corresponden a una institución y que encierra un elemento de subjetividad. Sostengo que, más bien, es, al igual que los demás principios rectores, una norma de conducta para encauzar las acciones, un desiderátum que, de alguna manera, engloba y refuerza el sentido de los demás. Por otra parte, la credibilidad puede medirse y, casi en cualquier momento, son claramente perceptibles las acciones, actitudes y declaraciones que la abonan y las que la perjudican.

Podría pensarse que el INE nace con un cierto déficit de credibilidad, en el sentido de que, como revela otra encuesta, una leve mayoría (51.6 por ciento) de ciudadanos consultados en vivienda en junio de 2013 manifestó preferencia por la continuidad de la estructura institucional entonces vigente, en la que cada entidad federativa contaba con órganos electorales propios y autónomos, respecto del 39 por ciento que dijo preferir —así se formuló la pregunta— “una sola institución nacional encargada de todas las elecciones”. El legislador, por su parte, estableció, como se sabe, una estructura dual o, si se prefiere, definir diversas responsabilidades específicas del organismo nacional en los procesos electorales locales —en todos ellos o cuando se actualizan ciertos supuestos—. Se salvó así el dilema de una república federal con procesos electorales centralizados. Sería prematuro afirmar, en este momento, que la nueva configuración abonará siempre a la credibilidad del complejo conjunto de actividades del INE, pues ello dependerá de la forma en que se instrumente en la práctica.

En todo caso, lo que deseo subrayar es que enfocar la labor del INE a la consecución de la credibilidad del conjunto de su desempeño sería, a mi juicio, la mejor manera de conseguir la consolidación definitiva de la democracia electoral mexicana. Permitiría valerse de la enorme herencia positiva que se recibe del organismo predecesor y, al mismo tiempo, abrir el nuevo rumbo con un objetivo claro y definido: alcanzar la credibilidad para el conjunto del sistema electoral.


   
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Jorge Eduardo Navarrete

Economista y diplomático mexicano, nacido el 29 de abril de 1940 en la Ciudad de México. Es investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad...


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